Según El País (parece el periódico del Régimen) el Gobierno anda tocando leyes por doquier, cual si el Estado hubiera estado viviendo en Marte hasta la fecha, dada la forma en que lo está haciendo. Tanto andar tocando ahora toca el turno a la Ley de Seguridad Nacional, que, dicho lo anterior de Marte, por otro lado resulta comprensible visto desde el lado de lo Nacional que va cambiando cada día al socaire de lo que impongan los nacionalistas independentistas que buscan más naciones que una sola.
La Ley contemplará, siempre siguiendo a El País, que toda persona mayor de edad estará obligada a la realización de las “prestaciones personales” que exijan las autoridades competentes en caso de que se declare un estado de crisis en nuestro país. ¡Carallo!, viene curvas, porque cuando, cómo y por qué se establecerá que hay crisis; ¡ah, la que dictamine la directriz del Consejo de Seguridad Nacional!. Un estado de crisis es una “situación de interés para la Seguridad Nacional”, y de ahí a la posibilidad de requisar temporalmente todo tipo de bienes, hasta la intervención u ocupación provisional de los que sean necesarios pasando por la suspensión de todo tipo de actividades. ¡Manda más carallo! Eso sí, para compensar, según el diario de Prisa, quienes sufran perjuicios económicos por la requisa de sus bienes o la interrupción de su actividad tendrán derecho a ser indemnizados. , siempre y cuando no sean los obligados a realizar una prestación personal para los que la nueva reforma no recoge compensación alguna.
Según El País aunque el anteproyecto de ley no lo especifica, se supone que las prestaciones personales y la requisa de material estarán relacionados con el tipo de crisis de que se trate, ya sea de carácter sanitario, medioambiental, económico, financiero, etcétera. Lo que sí deja claro el articulado es que las medidas que se adopten serán graduales y proporcionadas a la situación que haya que afrontar y se limitarán al tiempo estrictamente necesario para superar la situación de crisis.
Además, la norma atañe a empresas y entidades jurídicas para que colaboren con las autoridades a la superación de la crisis mediante una prestación de carácter personal o materia, y obliga también a los medios de comunicación en la difusión de informaciones de carácter preventivo u operativo.
De igual forma incorporará medidas para evitar que se repitan situaciones de desabastecimiento de productos y bienes críticos para afrontar una crisis, como ocurrió en la primera ola de la pandemia cuando los ciudadanos sufrimos la falta de mascarillas, respiradores y los profesionales trabajaban sin EPI.