Una información de Carlos Segovia en El MUNDO parece indicar que no es así sino todo lo contrario. Veamos los números y concluyamos:
La Comunidad de Madrid, acusada por el Gobierno y sus socios de investidura de ser “un paraíso fiscal” dañino para el resto de comunidades, ha batido un nuevo récord de solidaridad con el Estado y a cada vez mayor distancia de lo que aporta Cataluña a la caja común, según las cifras oficiales del Ministerio de Hacienda.
Fuentes autorizadas de la consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid aseguraron a este diario que, con los últimos datos de entregas a cuenta correspondientes a 2019, se estima una aportación madrileña al Fondo Estatal de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF) de 4.122 millones de euros, una cifra nunca registrada antes en este instrumento clave para la solidaridad interterritorial.
Se da la circunstancia de que en 2019 entraron en vigor nuevas bonificaciones fiscales en la Comunidad Madrid y se mantuvo congelado el Impuesto de Patrimonio. Sin embargo, su solidaridad superó el ya registro histórico de 2018 en que esta comunidad rebasó por primera vez los 4.000 millones en sus aportaciones al fondo estatal. En contraste, la Generalitat catalana contribuyó con 1.542 millones de euros, aunque las cifras finales se conocerán cuando se liquide definitivamente el ejercicio.
Sumada esta aportación, la Comunidad de Madrid habrá aportado ya un total de 31.671 millones de euros en la última década, 23.082 millones más que Cataluña desde 2009. Todo ello en un período en que el Ejecutivo regional de Madrid ha ejercido de forma sistemática sobre sus residentes una menor presión fiscal que la Generalitat catalana.
Estas sumas implican que Madrid ha aportado un 180% más que Cataluña, que es la segunda que más contribuye a este fondo. El Ministerio de Hacienda considera el FGSPF un instrumento clave para “el refuerzo de la equidad en España”, porque “garantiza que todas las comunidades autónomas van a recibir los mismos recursos por habitante, en términos de población ajustada o unidad de necesidad, no sólo en el primer año de aplicación, sino también en el futuro”.
Al otro lado de la balanza, Andalucía es la principal beneficiaria, con más de 38.000 millones de euros acumulados hasta 2018, el último ejercicio liquidado, seguido de Canarias, con 23.479 millones. No llegan ni a la mitad de este archipiélago las dos siguientes comunidades beneficiarias: Galicia y la Comunidad Valenciana.
Castilla y León (7.728 millones) y Extremadura (7.253 millones) son también destacados receptores netos. Aragón (5.851 millones) y Asturias (2.011) siguen en la clasificación. Aragón no llega a los 1.000 millones y La Rioja ronda los 500 millones.
El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, defiende que, precisamente, la limitada presión fiscal que ejerce permite potenciar el crecimiento económico y hacer una mayor aportación a la solidaridad interterritorial. Él mismo anunció el pasado 11 de noviembre que, en 2019, recaudó 157 millones más en los mismos tres impuestos que recortó, ahorrando a los residentes en Madrid 44 millones.
Estas cifras suponen un incremento medio de recaudación del 8,2% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado, sin embargo, de “dumping fiscal” a la Comunidad de Madrid por su nulo Impuesto de Patrimonio y sus amplias bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que deslocalizan fortunas en su favor.
Sin embargo, ni Rufián, ni Matute, ni Montero, han pedido crear grupos de trabajo para modificar el Cupo Vasco, considerado por el comité de expertos en financiación autonómica un ejemplo extremo de insolidaridad. Ni el País Vasco ni Navarra, que disfrutan de un sistema propio de concierto, participan en el citado FGSPF, que cubre Madrid en el citado 70%.