Hasta ahora nadie discutía la proposición de separación de poderes para un Estado democrático, pero hete ahí que los actuales gobernantes han reconsiderado sus propias ¿convicciones? al respecto y han presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para rebajar la mayoría de votos en el Congreso y el Senado con la que sacar adelante el nombramiento de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin necesidad de contar con los votos del principal partido de la oposición, el Partido Popular, ha encontrado el rechazo de prácticamente todo el ámbito judicial. De tres quintos de hoy a la mayoría simple solo hay un tramo, el de la voluntad inequívoca del control del poder judicial, que ya comenzó con el nombramiento partidista de la Fiscal General y ahora sigue con el Consejo General del Poder Judicial.
Para sacarla adelante, los dos partidos necesitan una mayoría absoluta (176 votos) del Parlamento que ya tendrían asegurados. Al hacerlo por medio de una proposición de ley en lugar de un proyecto de ley, no necesitan contar con el informe preceptivo del propio Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado ni del Consejo Fiscal que sí haría falta si la iniciativa hubiera partido del Gobierno.
Pues que bien, seguimos con una actitud que en lugar de dar confianza para luchar contra el puto virus que nos está amargando, hacer cada uno la fiesta por su cuenta y a ver como libramos.