El Gran Hotel San Martín afronta una nueva era tras formalizarse su venta, y la ilegal terraza de La Central
Sin duda nos alegramos de la noticia que leemos a Marta Vázquez en La Voz de Galicia. Que el Gran Hotel San Martín, tras entrar en concurso de acreedores por sus problemas económicos, y dejando una imagen de abandono que no se corresponde con el papel que este establecimiento debiera representar en Ourense y hacia fuera, ha formalizado su venta a una empresa cuyo administrador es el empresario ourensano Antonio Daniel Domínguez, con negocios en el sector de joyería y hotelero. Con los 3,7 millones de la venta parece que han podido saldar ya unas deudas con la comunidad y los trabajadores y se espera que con la entrega de explotación a una gran cadena la situación mejore considerablemente.
Entretanto lo que era de dominio público aunque a mucho público le importe un carajo mientras sea cómodo para ellos, y me refiero a toda esta burguesía ourensana tan conocida que por sentarse al sol en la terraza que ocupa la plaza (comenzando por nuestro alcalde) o no dejar su cómoda tertulia mañanera (cual el caso de nuestro amigo Rubín), lo de la ilegalidad y forma de adquisición de la explotación, tan sospechosa de maneras poco edificantes y claras a la vista de todos, prefiere anestesias sus sentidos y no sentir ni padecer al respecto. Pero ahora va la Policía Local y dice que la terraza del jardín japonés «infringe todo tipo de normativa». Como si no lo supiéramos ellos, usted y todo el mundo ya desde hace tiempo
Dice La Voz de Galicia que la venta del hotel San Martín, formalizada ayer en una notaría de Ourense, incluye el traspaso al nuevo propietario de la concesión de la explotación del espacio exterior conocido como jardín japonés y en el que funciona una cafetería con amplia terraza. Sin embargo, esa concesión está ahora en el punto de mira del Concello de Ourense que esta misma semana ha notificado a las partes implicadas el inicio del expediente para anularla. Uno de los motivos que se esgrimen para esa decisión es que la hasta ayer concesionaria, Promociones de Alojamientos Ourensanos, cedió la explotación de la concesión a un tercero, algo que la ley prohíbe. A los afectados, que ya han anunciado que presentarán alegaciones, les extraña sin embargo que se cuestione ahora un traspaso que se formalizó hace más de dos años, en enero del 2014, a una sociedad en la que tiene participación María José Caldelas, mujer del presidente de la Diputación y del PP de Ourense.
Es, de hecho, un informe de la Policía Local fechado en noviembre del 2016, el que advierte de ese subarriendo e informa, además, sobre «el incumplimiento continuado a las diferentes normativas y leyes que se están realizando por parte de los responsables de la cafetería denominada La Central». Los agentes aprecian «una invasión de espacio público que se realiza con ánimo de lucro y careciendo de la correspondiente autorización municipal de veladores», advirtiendo incluso que el exceso de sillas y mesas apiladas podría poner en peligro la seguridad de la Subdelegación del Gobierno. El informe concluye que la terraza «infringe todo tipo de normativa, creando para el resto de los hosteleros una situación clara de competencia desleal».