El empresario declaró ante el juez a petición propia y reiteró que «no sabía ni como se facturaba» en la UTE
Troncoso, que «no sabía ni siquiera como se facturaba», según declaró ayer, sostiene que la UTE no llegó a devolver a las arcas municipales 236.000 euros que tendrían que haber restituido y afirma que tanto en 2007 como en 2008 se presentaron por la empresa facturas de regularización para poder agotar el presupuesto del servicio. Los beneficios de la empresa, según Troncoso, «eran muy elevados» en aquellos años, aunque él no llegaría a verlos, pues , según aseguró, su exsocio desvió hacia cuentas propias parte de los beneficios, que eran «millones de euros».
Troncoso afirmó que, en su opinión, desde el Concello de Ourense no se exigió la devolución del dinero de esas facturas de regularización del año 2008 porque (su exsocio) «tenía una relación privilegiada con el ayuntamiento, en especial con el alcalde», que entonces era el socialista Francisco Rodríguez, quien, según afirma, «le mandaba listados de personas para contratar en ayuda a domicilio y comedor a domicilio» a su exsocio. Expresamente, como aparece recogido en su declaración, «relaciona» el envío de listados «con que se le haya perdonado el reintegro de la factura de regularización de 2008».
Estrecha relación
Sostiene Troncoso que su exsocio, Alberto López, mantenía «una relación estrecha con Francisco Rodríguez y lo asesoraba en asuntos privados y públicos». Asegura a continuación que en el año 2011 -durante el mandato del bipartito municipal PSOE-BNG- se le adjudicó un concurso a una empresa de su exsocio, que, según afirma, «carecía de cualquier solvencia ni conocimientos en este sector».
Afirma Troncoso, además, que el exalcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, «le mandaba listados de personas para contratar en ayuda a domicilio y comedor a domicilio» a su exsocio.
Buena intención de Martín
José Troncoso -que en su tercera comparecencia judicial por este asunto, asistido en esta ocasión por el letrado David León- contestó a las preguntas de los abogados asistentes, restó importancia al hecho de que la exconcejala socialista Marga Martín le hubiera pedido una aparente irregularidad, como era la de las facturas de regularización, pese a su clara y distante adscripción política, al ser militante del PP y haber ostentado desde el año 1992 cargos públicos siempre con el PP. Marga Martín, dice Troncoso, «tenía confianza en que fuera a salir bien, porque no quería que el presupuesto no fuese ejecutado y cree que ella lo hacía con toda la buena intención para la mejora del servicio». Se trata, además, de una práctica habitual. Con posterioridad, dice que supo por dos trabajadoras de su propia empresa «que la anterior concesionaria Euxa también llevó el mismo procedimiento de agotar el presupuesto y luego devolver el importe».
Rodríguez está citado para el día 25 de este mes, a petición del fiscal, para que explique algunos detalles sobre el cambio de adjudicataria de este servicio.