Si alguien tendría algo que decir sobre el salvamento con dinero público de la banca italiana, que cada vez parece más inevitable, es España, después de recibir 41.000 millones de la UE para rescatar las cajas de ahorros insolventes y tener que cumplir a cambio unas duras exigencias impuestas por Bruselas (el famoso MoU, Memorandum of Understanding). Sin embargo, nuestro Gobierno en funciones guarda silencio ante la puja que mantienen el primer ministro italiano, Matteo Renzi, y Angela Merkel. Como telón de fondo, las delicadas negociaciones con Bruselas para evitar la multa por incumplir sistemáticamente los objetivos de déficit público.
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, estuvo ayer reunido en Estrasburgo con el comisario de Economía, Pierre Moscovici, y el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, para tratar de la cuestión de la multa. De momento, nuestro Gobierno ha conseguido un segundo aplazamiento de la decisión: primero la retrasó hasta julio para que no interfiriera en las elecciones del 26-J; y ahora tampoco se va a tratar en el Consejo del día 12, sino que irá para septiembre. La multa -que sería la primera impuesta a un país amparándose en el Pacto de Estabilidad- puede llegar al 0,2% del PIB español, más de 2.000 millones de euros.
Mientras se disputa esta batalla, el Ejecutivo prefiere mantenerse callado en la cuestión de la banca italiana aunque comparte la opinión de los países centrales de la UE, encabezados por Alemania, de que hay que evitar que Italia recurra a algún enjuague para esquivar el control europeo del rescate bancario… y las condiciones que conlleva. Ése es el campo de batalla actual, mientras el tiempo se agota y bancos de inversión como Société Générale empiezan a hablar de crisis sistémica si no se atajan los problemas de las entidades transalpinas.
La banca italiana, al borde del abismo
Para situar el problema, el sistema financiero italiano tiene una morosidad del 18% y los préstamos hipotecarios irrecuperables no reconocidos como mora pueden ser mucho mayores, mientras que las provisiones son muy reducidas. Para tratar de atajar la situación, ha creado un banco malo llamado Atlante dotado con 5.000 millones, con la intención de comprar parte de estos activos, pero no ha conseguido que entre suficiente capital privado para que no se considere ayuda de Estado (es lo que ocurre aquí en Sareb, para lo que el Gobierno ‘invitó’ al sector privado a hacerse con el 55% del capital). Esta situación se suma a un défcit de capital de 9.700 millones detectado por el BCE ya en los test de estrés de hace dos años y del que sólo se ha cubierto una pequeña parte. Tampoco se han vendido las entidades en situación más crítica, como Monte dei Paschi o Carige.
La nueva Directiva de Resolución Bancaria deja claro que sólo se puede inyectar capital público en los bancos sin que primero asuman pérdidas los accionistas, los titulares de deuda y los depósitos por encima de 100.000 euros. Y si hace falta más dinero (como sería el caso italiano, donde se habla de 45.000 millones), sólo puede ser público con unas condiciones tasadas y bajo supervisión europea. Es decir, como se hizo en España. Pero Renzi quiere acogerse a algunas excepciones permitidas por la norma, como dar garantías estatales a nuevas emisiones de capital, para tratar de escapar de la supervisión de Bruselas. Y ahí choca con la oposición frontal de Alemania.