Roberto Ballesteros en EL CONFIDENCIAL
La jueza de guardia de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado la libertad provisional para el exbanquero Mario Conde después de que el Juzgado haya recibido una transferencia por 300.000 euros, cantidad en la que el instructor Santiago Pedraz había fijado la fianza.
El ingreso ha llegado esta misma tarde a la cuenta consignada a nombre del Juzgado número 1 del alto tribunal, que dirige Pedraz, lo que ha provocado la inminente reacción de la magistrada, que está de guardia. Lamela entiende que resulta procedente acordar la libertad provisional con algunas medidas restrictivas. En concreto, la jueza impone al expresidente de Banesto la obligación de comparecer todos los lunes ante el instructor de su causa y presentarse en la Audiencia Nacional cuantas veces sea llamado.
La jueza Lamela le advierte al acusado en el auto que ha firmado esta tarde -ya remitido a Instituciones Penitenciarias- de que, si incumple cualquiera de estas obligaciones, la Audiencia Nacional emitirá inmediatamente una orden de detención que modificará automáticamente su situación personal. Tras recibir la autorización de Lamela, Conde ha abandonando la prisión de Soto del Real, donde ha ejercido como bibliotecario durante el tiempo que lleva ingresado.
El exbanquero obedece de este modo la orden del juez Pedraz de abonar la fianza en metálico, que indicó el magistrado después de que el vicepresidente de la Fundación Francisco Franco, Jaime Alonso García, tratara de avalar con cuatro fincas -dos suyas y dos de su hermano- valoradas según él en más de 600.000 euros la cantidad que había determinado el Juzgado número 1.
Pedraz decidió rechazar las cuatro fincas como aval, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, debido a que no estaba suficientemente acreditado su valor. El Ministerio Público, en su escrito de oposición, incluso sospechó de la relación del avalista con una de las empresas vinculadas al entramado presuntamente creado por Conde, que fue detenido junto a su hijo, su hija, el esposo de esta última, su abogado De la Vega y tres supuestos testaferros el pasado 11 de abril por participar todos ellos en la puesta en marcha y gestión de una trama societaria creada para blanquear más de 13 millones de euros procedentes presuntamente de los fondos desviados en 1999 de Banesto, entidad que dirigió el exbanquero entre 1987 y 1993.