Lo que se palpa en la calle por mucho que se tape cuando se da con una justicia ‘justa’ acaba por salir y en consecuencia avergonzar a todo el mundo que calla como Pilatos por miedo, comodidad o simplemente porque piensa que cualquiera en la misma circunstancia haría lo mismo, pilla y a vivir que son dos días. No se salva ni el tato, ni por Cataluña hasta Galicia, pasando por Valencia, Andalucía, Madrid o Baleares, es posible que en todas las comunidades la manera y modo de gobernar contemplara el pillar asociado. Es tal la nausea que provoca el ejemplo continuo de esta sociedad corrupta que no se sabe si puede tener continuidad para siempre o algún día nos estallará toda junta hasta la contienda más horrible que pueda darse entre colegas y vecinos. Una vergüenza que hayamos tardado en destapar este madeja que beneficia al mas tonto inútil pero deshonesto superior al tiempo que perjudica al honrado ciudadano y trabajador que podría producir riqueza si no le cerrasen la puerta desde la normativa del otro idiota que gobierna. En fin, aquí el contundente auto del juez: «No era posible desconocer los graves hechos que se ponían de relieve en el informe ni su conexión con el sistema de reparto de ayudas y subvenciones instaurado en 2000, de modo que quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas sus consecuencias, es decir, asumiendo que fondos públicos eran puestos en manos de persona no autorizada para disponer de ellos, que esta persona los repartía con total discrecionalidad o arbitrariedad, sin justificar los motivos de la concesión, sin controlar el destino de los fondos concedidos, asumiendo obligaciones de manera discrecional y comprometiendo con ello el erario de la Junta de Andalucía».
El juez aprecia «una pluralidad de autoridades o funcionarios que han venido a instaurar un procedimiento de reparto de fondos públicos, originalmente destinados a ayudas y subvenciones, que se ha traducido en la disposición de los mismos por persona no autorizada para ello, como era el Director General de Trabajo, que no era competente para esa disposición hasta la Orden de 3 de marzo de 2010, a través de un sistema carente de las elementales exigencias de publicidad y control, sin atender a los fines propios para los que estos fondos estaban destinados, todo ello durante un periodo de más de diez años y sobre un importe superior a los 850 millones de euros».