Los equipos negociadores de PP y Ciudadanos afrontarán este miércoles uno de los bloques temáticos en que más diferencias se están visibilizando: la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. Tras la firma de ambos partidos del documento con seis exigencias en esta materia, que Ciudadanos planteó como requisito imprescindible para iniciar las negociaciones de investidura, han llegado las interpretaciones y las matizaciones. La obligatoriedad de apartar a los cargos del PP imputados por corrupción se ha reducido al ámbito estatal, una rebaja consensuada por ambas partes. En lo que no ha habido acuerdo es en el cuándo, es decir, si esta medida disciplinaria se debe aplicar desde la misma firma del acuerdo, como defiende Ciudadanos, o solo una vez que el PP consiga revalidarse en el Gobierno, como pretenden los populares. Tampoco hay coincidencias sobre lo que cada formación entiende como prácticas corruptas.
Todas estas cuestiones se pondrán sobre la mesa, siempre con la voluntad y “generosidad” reiteradas por ambas partes de sellar un acuerdo, para tratar de concretarlas e incluirlas en el documento final. El primer punto del denominado ‘Pacto anticorrupción: condiciones de regeneración democrática y contra la corrupción’, firmado el pasado viernes por PP y Ciudadanos, señala textualmente: “Separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política, hasta la resolución completa del proceso judicial”.
Las medidas anticorrupción y el contrato único, escollos en las negociaciones entre PP y C’s
Desde Ciudadanos, se defendió, por tanto, en un primer momento, la literalidad de esta exigencia, que se extiende “a cualquier cargo público” y se aplicaría de forma “inmediata”. Sin embargo, José Manuel Villegas ya reconocía este martes que dicha exigencia se limitará solamente a los cargos estatales, es decir, a los representantes en el Congreso de los Diputados, el Senado o el Gobierno. Esta limitación se ha justificado asimismo por parte de la formación naranja porque “el acuerdo se firmó entre los grupos parlamentarios en el Congreso y se aplica al ámbito de su competencia”.
El cuándo todavía está en el aire, pero se esperan matizaciones a lo largo de este miércoles para encajarlo en un acuerdo que solo cabe aceptar en su integridad, no por puntos. Con todo, los populares se agarran a una consideración general del pacto, según la cual estas condiciones se deberán tramitar en los tres primeros meses de legislatura, a contar desde la fecha de investidura. El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, también ha ido rebajando sus afirmaciones, pasando de asegurar que solo se aplicaría una vez que su partido llegase al Gobierno a afirmar que era una cuestión pendiente de negociar.
El objetivo del pacto será que los imputados tengan que abandonar sus cargos en todas las instituciones municipales, autonómicas y provinciales
Ciudadanos quiere extender el acuerdo sobre esta cuestión referida a los imputados por corrupción política, firmada entre los dos grupos parlamentarios en el Congreso, a todos los partidos políticos a nivel nacional mediante la aceptación por parte de sus respectivas ejecutivas de un Pacto Nacional Contra la Corrupción y por la Regeneración Democrática. El objetivo de este pacto nacional será que los imputados por corrupción política tengan que abandonar sus cargos públicos en todas las instituciones municipales, autonómicas y provinciales.